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Igualdad salarial requiere asentarse en el país

Igualdad salarial requiere asentarse en el país

Hemos leído con mucha atención el salto dado por Islandia al convertirse en el primer país en aprobar una ley que obliga a entidades del Estado y a empresas privadas a pagar el mismo salario a hombres y a mujeres por igual empleo. Esta ley entró en vigencia el pasado 1 de enero.

Es sin duda un gran paso hacia la equidad de género en todas sus formas y un modelo a seguir para países, que como el nuestro, siguen teniendo evidentes inequidades a pesar de que constitucionalmente (en sus artículos 33, 56 y 57) se ha comprometido a rechazar cualquier forma de discriminación (recordemos que además ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) desde 1986).

En lo concerniente a salarios, en términos generales, los hombres ganan el doble que las mujeres. De acuerdo con el Estado de la Nación:  “Además de la disparidad en la participación, los ingresos promedio difieren significativamente entre sexos.  Aunque se ha reducido en más de diez puntos porcentuales en las dos últimas décadas, en 2015 la brecha era de 18% a favor de los hombres. Al estimar la diferencia, considerando otras variables, como educación, edad y características del empleo, se observa que en 2015 aún existía una ventaja de 7,9% en el salario por hora de los hombres. Es decir, en igualdad condiciones en cuanto a escolaridad, edad y características demográficas y laborales, es probable que el hombre gane en promedio ocho colones más por cada cien colones de salario que recibe la mujer en el mismo empleo”.

Argumento suficiente para caminar hacia legislaciones más robustas en materia salarial. Hay en el Congreso un proyecto de ley que busca eliminar justamente esa brecha salarial entre hombres y mujeres, que pretende incorporar tres nuevos artículos a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Estos artículos permitirían al Estado identificar y sancionar a los empleadores que insistan en generar diferencias salariales por género; también le daría potestad al Ministerio de Trabajo y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), de realizar estudios para identificar razones generadoras de tales brechas.

Cualquiera que sea el marco jurídico en marcha, el objetivo siempre será eliminar las disparidades existentes en salario, educación, oportunidades de ascenso laboral, de conciliación trabajo-hogar y otra serie de desequilibrios que la sociedad ha ido permitiendo en contra de la mujer.

 

 

 

 

 

 

 

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