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Las conserjes del cártel: investigación sobre privadas de libertad

Las conserjes del cártel: investigación sobre privadas de libertad

El pasado martes 22 de mayo la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano presentó los resultados de un programa desarrollado en el país con privadas de libertad, una iniciativa que contó con el apoyo de la Unión Europea.

Durante el foro sobre ‘Poblaciones vulnerables en conflicto con la ley’ personeros de la fundación dieron a conocer resultados del estudio que llevaron a cabo con esta población, especialmente las mujeres del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, antes conocido como El Buen Pastor. El proyecto contempló investigación, programa de formación técnica y sensibilización a funcionarios penitenciarios sobre derechos humanos y un plan de reintegración a la vida laboral en un esfuerzo por cumplir con los estándares en poblaciones privadas de libertad para al mismo tiempo avanzar con la aplicación de los derechos humanos.

En términos generales, la investigación arroja algunas cifras: el 65% de las mujeres se encuentra en la cárcel por violar la Ley de Psicotrópicos, el 46% de la población encarcelada constata haber vivido algún tipo de violencia, existe por tanto, un alto nivel de vulnerabilidad en poblaciones minoritarias;  el 49% de las mujeres privadas de libertad han tenido un familiar que ha estado también en la cárcel; el 41% de ellas se encontraba desempleadas al momento de su detención; 28% sufrió en algún momento violencia psicológica; el 69% percibía solo un ingreso económico familiar antes de ingresar al sistemas penitenciario. Además en el 68% de los casos, fue su primer delito.

El estudio determina que en Costa Rica el tráfico de drogas y crimen organizado aumenta y ataca cada vez más a poblaciones más vulnerables, mujeres y jóvenes, teniendo ellas un efecto multiplicador tanto para lo bueno como para la malo. De hecho, los investigadores concluyen que la cárcel no es la única ni la más apropiada respuesta al tráfico de drogas ni a su consumo.

‘Será desde la educación, desde la cultura, de los derechos humanos, desde la independencia y autonomía. No es inventar nuevos derechos, sino combatir las excepciones, combatir la discriminación, sin negar ningún derecho’, explicaron las expertas Lina Barrantes y Ana Yancy Espinoza. Lejos están de ser las reinas del sur: en las condiciones que viven, son las conserjes del cártel, advirtieron.

Su vulnerabilidad proviene de una raíz más estructural pues la mayoría vive en condición de desventaja socioeconómica y en ausencia de atención de necesidades básicas; cohabitan con factores de riesgo, de desigualdad, ausencia del Estado, deficiente provisión de servicios básicos., falta de oportunidades educación y salud.

Esta violencia estructural se evidencia en el aumento de delitos e inseguridad, en malas relaciones interpersonales, factores de riesgo, crisis económicas. Su contexto es entre la guerra contra las drogas e incluso factores como el cambio climático los afecta. “La cárceles están llenas de personas pobres”.

La mayoría de las mujeres provienen de San José, Cartago y Puntarenas; el 81% son costarricenses y la mayoría tiene edades entre los 18 y los 35 años, es decir, son jóvenes, en formación, con capacidad laboral y en edad reproductiva.

 

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